Hace
tres días de la comparecencia ante la comisión de Economía del Congreso, en
cumplimiento del mandato legal, del gobernador del Banco de España para
informar de los efectos económicos de la
pandemia.
Las
dos facciones ya han sentenciando y opinando, en muchos casos sin haber
escuchado lo que dijo -démosles el beneficio de la duda de que lo han oído o
leído- y desde luego sin haberlo reflexionado, por falta material de tiempo
unos y de capacidad otros, o las dos cosas.
Dejando
aparte sus aciertos y desaciertos, servidumbres y errores de bulto; era el
Banco de España informando al Parlamento –del que emanan todos los poderes del
Estado, somos un régimen parlamentario aunque no lo parezca- y consecuentemente
el gobierno y oposición deben prestar atención, y no limitarse a oír a sus corifeos.
El
informe carente de la vanilocuencia, tan de moda entre los políticos, no cae en
la hipocondriasis ni en el optimismo vacio, razón suficiente para recibir de
todos los lados. Lo podría haber dicho de otro modo, pero no más claro -lo tenemos difícil,
por no decir jodido-; llueve sobre mojado y si ya lo teníamos crudo, con
pandemia todo se enreda más.
D. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha
venido a decir:
a. Que el confinamiento
provocará una contracción “muy severa” del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este
año, con una recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar el nivel anterior.
Descartado el escenario de una recesión
breve, que estimó en abril, y ahora
estima una duración más larga.
b. Que la recuperación “no
estará exenta de dificultades, sin que se puedan descartar escenarios más
desfavorables que los considerados actualmente”.
c. Que la conmoción será
mayor cuanto más dilatado sea el período de restricciones de actividad y más,
si los riesgos y problemas de liquidez dan paso a situaciones de insolvencia.
d.
Que
el coste presupuestario de la crisis será “muy alto” por el efecto de las
medidas “atenuantes” adoptadas – cifrando en 3 puntos el impacto directo sobre el PIB de
las mismas, sin incluir los avales- lo que generara un déficit público “muy
elevado” este año. Y elevara el índice deuda pública hasta situarlo entre el
115% y el 120% del PIB.
e.
Que la Renta Mínima puede ser “deseable” en
términos de equidad social, siempre que se haga un diseño “muy cuidadoso” de la
misma, para evitar que genere “trampas
de pobreza, desincentivos a la oferta laboral o incluso economía sumergida”. Recordando
la experiencia de otros países.
f.
Que
han de adoptarse medidas fiscales que
eviten “destrucción permanente del tejido productivo”, pero sin que suponga una retirada de las medidas fiscales de
emergencia adoptadas, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento
económico sufriera daños más duraderos, en contrapartida sería necesario el anuncio urgente, para su
implementación gradual, de una estrategia de reducción de los desequilibrios
fiscales.
Si
se asume el panorama negativo sobre el crecimiento, el déficit y la tasa de
paro, tendremos que concluir que estamos frente a datos peores que en la anterior
recesión, y que sin entrar en más detalles se requieren medidas contundentes,
acotadas en el tiempo y coordinadas, que es lo que ha reclamado el Sr. Hernández de Cos, ante el panorama de una crisis larga: “Un
acuerdo político para varias legislaturas, con el fin de impulsar un programa
de reformas estructurales que permitan el saneamiento de las cuentas públicas, con
una revisión del gasto y mejora de los ingresos fiscales”. Incidiendo en que: “Parece
razonable repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de
la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa”.
Lo
que el gobernador reclama, y no queda otra, es política económica de verdad,
que pasa por pactos acordes con la magnitud del problema -el mayor por sus
efectos, desde la guerra civil- y no valen acuerdos parlamentarios puntuales y
día a día, la geometría variable en política sólo permite salir del paso..
El
dilema no es economía o salud; más
víctimas o más recesión. Es planificar una estrategia clara de saneamiento de
las cuentas públicas, muy débiles, con
un programa de consolidación presupuestaria que revise el gasto, su estructura y
las capacidades impositivas acordes al crecimiento potencial de la economía
española, del cual depende el nivel de bienestar a largo plazo.
No
olvidemos que en economía, los efectos se dilatan mucho respecto a las causas.
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