El papel de la administración de justicia es capital en nuestra sociedad, pero precisamente es la materialización y ejecución de ese papel lo que genera inquietud ya que el funcionamiento eficaz de la justicia, en España, es una cuestión que no termina de resolverse, para descredito de la institución y el propio Estado.
El modelo de justicia del 78 es de resultados mas bien mediocres, nada más deprimente que oír: "La Justicia es un cachondeo", pero no sólo eso, los profesionales confiesan y reconocen la imposibilidad de lograr mejoras dentro del mismo. La dispersión de competencias, las transferencias de funciones a las autonomías y la confrontación partidista dentro del Consejo del Poder Judicial son algunos de los obstáculos insalvables.
Siendo lo anterior cierto, parece lógico que la propuesta republicana para la Justicia pase por agruparlas entorno a los principios de eficacia en la gestión y unidad de acción en el ejercicio de las competencias. Dotando al Presidente del Tribunal Supremo de facultades claras y precisas y devolviendo al Ministerio de Justicia las competencias de carácter administrativo en pésima hora cedidas a las Comunidades Autónomas.
S&R
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