La Constitución de 1978, otorgada por el rey a propuesta de
las Cortes, sirvió para convalidar la decisión del dictador Franco haciendo
posible la existencia de una institución no democrática, la monarquía.
Se dirá, y con verdad, que probablemente era la salida menos
complicada, apoyada por las potencias aliadas y los poderes fácticos del país, más
que preocupados por el proceso revolucionario portugués.
Al Rey se le asigna el papel de garante de la unidad de
España, la independencia del país y la máxima representación exterior, escasas
funciones para un Jefe del Estado,
al
tiempo se le otorga la irresponsabilidad ante la Justicia, mientras que en
democracia se requiere la existencia de un jefe del Estado con facultades y
responsabilidades para ejercer su papel
de moderador.
La jefatura del
Estado tiene importantes misiones que cumplir y la práctica de todos estos
años demuestra
que no estamos en condiciones de permitirnos
una absolutamente simbólica, carente de eficiencia como la actual.
Parece claro que nuestra evolución política debe encaminarse
hacia una Constitución con un Jefe del Estado, elegido democráticamente, que
sea elemento insustituible en los momentos de las grandes decisiones sobre la
política del país.
El Presidente de la República.
S&R
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