Hacia la República: Estado Integral

El modelo constitucional ha sido puesto en entredicho por los nacionalistas y ahora toca ver como se ordena la tremenda crisis constitucional abierta.

La Constitución del 78 abordo de forma apresurada la cuestión nacionalista, primando  desde el poder  la construcción del Estado de las Autonomías.  Modelo ambiguo y equivoco que nunca llenara las expectativas de las minorías nacionalistas que gobiernan en Cataluña y País Vasco, y lo que es más grave, en el resto de territorios, se están dedicando grandes esfuerzos para desarrollar originalidades históricas para afirmarse a sí mismas mientras que se olvidan que son órganos del Estado,  al que desacreditan y merman en detrimento de los intereses generales.

Los distintos gobiernos de la Nación han sido complacientes con el fenómeno y han hecho dejación de sus competencias,  que se encontraron desarmados  para ejecutar gran parte de las políticas que interesan al ciudadano: Educación, sanidad, obras publicas, fiscalidad, …, siendo las Comunidades Autónomas las que ostentan el verdadero poder, produciéndose una gigantesca red de intereses clientelares, políticos y económicos,  de una clase política profesionalizada que deja poco espacio para el cambio de modelo.

Este desgarramiento del Estado propiciado por PSOE y PP, tributarios de los nacionalistas, ha puesto a España en una crisis sin precedentes, capaz de hundir a la monarquía a manos de los más beneficiados por la misma, los nacionalistas.

Buscando una salida a este conflicto y dado que los protagonistas se muestran incapaces valdría la pena apelar a la República y su concepción del Estado Integral.

La Segunda República tuvo que diseñar una concepción del Estado que manteniendo los ideales de unidad nacional en democracia,  atendiera las demandas del nacionalismo catalán firmantes del Pacto de San Sebastián. Tres visiones confluían en la discusión sobre el modelo de Estado republicano:

• La federal defendida por grupos republicanos y nacionalistas. 
• La jacobina de republicanos históricos y socialistas. 
• La autonomista de los republicanos no históricos. 

Se opto por un Estado unitario que reconocía el derecho a la autonomía de las regiones, y se le denominó Estado Integral –a propuesta del socialista Jiménez de Asúa-. El derecho de autonomía se reguló con las suficientes cautelas para evitar su proliferación desmedida y para preservar la preeminencia del propio Estado, no dejando abierta ninguna cuestión relativa a facultades de la República o de las futuras regiones autónomas.

Recuperada la República ha de restaurarse la unidad del país, rechazando, desde el mantenimiento de los valores democráticos, la idea de considerar al valor de la unidad como algo propio de sectores rancios y retrógrados; debemos aspirar a ese objetivo, nuestro país no puede seguir enfrascado indefinidamente en la discusión sobre su propio ser. Por ello parece aconsejable rectificar, sin complejos, la deriva hacia esa monarquía confederal auspiciada por nacionalistas, socialistas y progresistas sin apellido. Sería la peor de las soluciones.

S&R