La influencia del Parlamento en la política nacional es muy
limitada, si bien la Constitución define al Estado como una monarquía
parlamentaria, la realidad es que funciona como un sistema pseudo
presidencialista donde Congreso y Senado tienen escasa iniciativa política. Siempre
actúan a remolque del gobierno de turno
y dada la complicada y compleja fiscalización del gobierno por parte de las
Cortes, puede decirse
Congreso y Senado,
están condenados
a la esterilidad.
Buen ejemplo de ello es que en cuarenta años no se ha dado
el caso de que un presidente o un ministro haya dimitido por una iniciativa
parlamentaria, los medios y los escándalos,
han tenido más suerte.
El poder omnímodo de las direcciones de los partidos y la
existencia de
las candidaturas en listas
cerradas y bloqueadas, ha conseguido que el número de casos de diputados o
senadores que hayan contravenido la disciplina de partido no llegue ni a la
insignificancia.
Que sólo se pueda censurar al gobierno si se presenta un candidato
a la jefatura del mismo (moción de censura constructiva) supone acorazar
al poder ejecutivo en perjuicio de la labor
del Parlamento. La defensa de la estabilidad de uno de los poderes del Estado,
el Gobierno, no puede ir en detrimento de otro, el Parlamento.
El mantenimiento de gobiernos sin el apoyo de la mayoría
parlamentaria en base a que esta no puede proponer un candidato a la jefatura
del gobierno, y que la jefatura del Estado carece de iniciativa en esta
materia, en consonancia a su carácter no democrático, hacen del jefe de
gobierno el epicentro del sistema,
convirtiendo al resto de las instituciones del Estado en satélites a su
alrededor.
Siendo la influencia del Congreso muy limitada en la
política nacional, la del Senado es totalmente irrelevante, sus
escaños son un premio para políticos
amortizados.
Es tan ineficaz e
irrelevante que todos plantean
su
reforma, aunque quizá lo más
acertado
sería su desaparición.
La creación de una sola cámara, el Congreso, dotada de
autenticas capacidades de fiscalización; la iniciativa parlamentaria; la independencia
del diputado; la cesura de la mayoría, sin la obligación de aportar candidato ;
los cauces democráticos para que el jefe del Estado nombre al jefe del
gobierno. Si se desea fortalecer los usos democráticos y parlamentarios en
España, son propuestas sobre los que la República debería reflexionar.
S&R