Si el modelo de gobierno de la justicia, nacido con la Constitución de 1978, unido a las transferencias de funciones a las comunidades Autónomas, dio unos resultados absolutamente mediocres. La permanente confrontación partidaria, en el seno del Consejo del Poder Judicial y la dispersión de competencias no sólo son obstáculos para el regular funcionamiento diario, si no que resultan insalvables a la hora de conseguir mejoras.
Si según los expertos se tiene la certeza de que esto es así, la mejora del problema debería de centrarse en:
- Eficacia en la gestión
- Unidad de acción en el ejercicio de las competencias
Convendría pues, reformar el Consejo del Poder Judicial, dotándolo de unas competencias claras y precisas y por otro, lado devolver al Ministerio de Justicia las competencias de carácter administrativo, dispersas ahora por las diferentes Comunidades Autónomas.
Serian estas medidas que beneficiarían un servicio público capital en nuestra sociedad, ya que se trata del logro de la justicia.
SyR
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