“El Jefe del Estado”. Apuntes para unas elecciones (VIII)

-¿Después de Franco?
-Las Instituciones

Esa era la respuesta correcta conforme al modelo diseñado por los pensadores del “Régimen”.

La Constitución de 1978, aceptó y convalidó la propuesta de Franco en 1947, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado -una de las ocho Leyes Fundamentales-, que establecía que el sucesor sería propuesto por Franco:

• Art. 1º España se constituía en Reino
• Art. 2º La Jefatura del Estado correspondía al "Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde"
• Art. 6º En cualquier momento el Jefe del Estado (Franco) podía proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente.

La monarquía, institución no democrática, admitamos que era la salida menos complicada en aquellos momentos preconstitucionales, ya que gozaba del apoyo de los poderes fácticos del país y de las grandes potencias. Al Rey se le atribuía el ser el garante de la unidad y la independencia del país, adjudicándosele el ser el referente democrático de la unidad y la soberanía de la nación, además de su máximo representante en el exterior, decretando su irresponsabilidad ante los tribunales de justicia.

Conscientemente, los padres de la constitución, impidieron que en España la democracia sea plena, ya que para ello se precisa que la institución del Jede del Estado esté dotada de facultades y responsabilidades para ejercer su esencial papel moderador, pues en una democracia plena, el Jefe del Estado es un elemento insustituible en las grandes decisiones sobre la política del país, siendo esta característica elemento común en todas las democracias.

Resulta pues necesario, que el Reino de España, nacido de la voluntad de los ganadores de la guerra civil, se encamine hacia un orden constitucional en el que el Jefe del Estado sea elegido democráticamente, para ser un autentico símbolo de la unidad democrática del país y para que los españoles nos sintamos representados en la más alta magistratura del Estado, de no ser así la degradación del mismo continuará en forma irreversible, en perjuicio de todos los ciudadanos .



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“El Parlamento”: Apuntes para unas elecciones (VII)

En días pasados habíamos dado por convenido que el Estado de derecho tiene como pilar fundamental la división de poderes y en España el deslinde entre los mismo es cuestión que no termina de resolverse, siendo motivo de descrédito de la propia institución en este caso, el Parlamento, teniendo un efecto inmediato en la baja participación electoral y consecuentemente en el descrédito del sistema democrático.

La Constitución define a España como una monarquía parlamentaria, figura que sirvió en nuestro caso, para consolidar la decisión de Franco de instaurar una “monarquía de nuevo cuño”, pero, desgraciadamente, en el largo periodo de la Transición, no se ha conseguido que el Parlamento ejerza su papel y desarrolle sus competencias; muy al contrario ,el sistema se comporta “facto”, como una democracia presidencialista ya que el Congreso de los Diputados renuncia al ejercicio de su capacidad de iniciativa y se limita a ir a remolque del gobierno –que es nombrado por el presidente del mismo-. Es cierto que la tarea de fiscalización por su normativa es complicada pero está condenada a la esterilidad ya que no se ejerce por los diputados pues en muchos casos supondría contravenir la disciplina de partido.

Esta situación motivada por el poder absoluto de los dirigentes de los partidos y a la “válvula de seguridad” llamada “Moción de Censura Constructiva” que como todo el mundo sabe consiste en que no se puede censurar al gobierno si se presenta un candidato a la jefatura del mismo, apoyado por la mayoría absoluta, lo que permite a gobiernos sin el apoyo de la mayoría permanecer en el poder. Como por otro lado la figura del Jefe del Estado al no tiener origen democrático, carece de iniciativa en esa materia, lo que coloca al Jefe del Gobierno en el epicentro del sistema.

Que decir del Senado, cámara de representación territorial, sus escaños sólo sirven para premio o aparcadero de políticos amortizados, tan asumido está que es un “cementerio de elefantes” que ya nadie duda de la necesidad de su reforma, que se retrasa por no abrir la caja de Pandora de la reforma constitucional.

La democracia Española necesita fortalecer sus usos parlamentarios, dotándose de verdaderas capacidades de iniciativas y fiscalización del Gobierno. Es una necesidad que la moción de censura constructiva sea suprimida, permitiéndose a la mayoría ejercer este derecho, sin necesidad de aportar un candidato, pues en caso de que la misma prospere, se proveería el mismo por los cauces establecidos. La regulación de este nuevo marco ha de basarse en el reforzamiento de las competencias del parlamento, garante de la libertad de los españoles.





SyR

F.R.A. ¡Bienvenida!

Ha quedado formalmente inscrito con fecha 17 de enero de 2008, el partido Formación Republicana de Asturias F.R.A., Tomo VI, Folio 502 del libro de Inscripciones.

En la confianza de un caminar conjunto, con paso firme y seguro; libres de las ataduras e hipotecas de mediocridades pasadas.

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“El Poder Judicial”. Apuntes para unas elecciones (VI).

Si convenimos que el Estado de derecho tiene como pilar fundamental la división de poderes y que el correcto funcionamiento de la justicia es un termómetro fiable que mide el grado de libertad y seguridad de los ciudadanos, en España es una realidad que tanto la eficacia de la misma como el deslinde entre los poderes, son cuestiones que no terminan de resolverse, siendo motivo de descrédito de la propia institución y queja permanente de los ciudadanos.

Si el modelo de gobierno de la justicia, nacido con la Constitución de 1978, unido a las transferencias de funciones a las comunidades Autónomas, dio unos resultados absolutamente mediocres. La permanente confrontación partidaria, en el seno del Consejo del Poder Judicial y la dispersión de competencias no sólo son obstáculos para el regular funcionamiento diario, si no que resultan insalvables a la hora de conseguir mejoras.

Si según los expertos se tiene la certeza de que esto es así, la mejora del problema debería de centrarse en:

• Eficacia en la gestión
• Unidad de acción en el ejercicio de las competencias

Convendría pues, reformar el Consejo del Poder Judicial, dotándolo de unas competencias claras y precisas y por otro, lado devolver al Ministerio de Justicia las competencias de carácter administrativo, dispersas ahora por las diferentes Comunidades Autónomas.

Serian estas medidas que beneficiarían un servicio público capital en nuestra sociedad, ya que se trata del logro de la justicia.

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“El sistema electoral”. Apuntes para unas elecciones (V)

El derecho al voto es fuente y pilar de todo sistema democrático por eso su ejercicio debe estar dotado de todas las garantías. El sufragio universal libre, directo y secreto es la mejor formula, hasta el momento, de lograr la expresión de la voluntad general.

Cuando se inicio el régimen de la Transición, se pensó que los partidos políticos necesitaban una protección especial, participar activamente en la política era un asunto peligroso y poco valorado, había que crear “cultura partidaria” y para ello se garantizó la financiación pública de los partidos y se reforzó la autoridad de sus dirigentes mediante un sistema electoral –transitorio- que establecía listas cerradas y bloqueadas, todo ello en perjuicio de la libertad de los electores.

Han pasado treinta años, la sociedad ha evolucionado, los tabúes y miedos del pasado ya no existen pero el andamiaje político-institucional permanece, la endogamia crece en los partidos políticos, mientras que su atmósfera sectaria se hace irrespirable para los espíritus libres y la falta de estimulo para la participación de los ciudadanos en las elecciones se generaliza.

El modelo electoral se ha agotado y su mantenimiento es un obstáculo para el saneamiento de la política, por eso debemos dotarnos de un nuevo sistema en el que las listas cerradas y bloqueadas no existan, con circunscripciones más pequeñas para que los electores conozcan y controlen a sus representantes.

SyR

UPyD ¿Un partido republicano?

Que el nuevo partido UPyD es un molesto aguafiestas, que viene a perturbar el funcionamiento regular del sistema político establecido por la Segunda Restauración borbónica –la Transición-, es incuestionable.

Que la proximidad de las elecciones generales propicia que nos centremos en especulaciones ¿Su impacto en el mercado político?, ¿Cuál de los dos grandes partidos va a ser el más perjudicado por su entrada en la competencia electoral?, ¿Impedirá el trasvase de votos de socialistas hacia el PP?, ¿Su capacidad de captación podrá en peligro la formación de un nuevo gobierno PSOE?, es una realidad. Realidad que no debe distraernos a la hora de analizar y reflexionar sobre las pretensiones de sus promotores cuando se decidieron a la difícil empresa de su fundación, sus referentes ideológios, etc.

Estamos seguros que no fue el deseo de aprovechar el espacio disponible entre los dos grandes partidos estatales y lograr convertirse en diputados algunos de ellos, ni el pasar factura al PSOE por viejos o recientes desencuentros, nada que ver, la clave sin duda se encuentra en un proceso de reflexión crítica sobre la disparatada política de Estado del Gobierno Zapatero, y sobre la deriva del sistema –la Transición- hacia el caos en el funcionamiento de la propia democracia.

De su manifiesto fundacional y bajo las circunstancias actuales: crisis constitucional, desgarramiento de la nación, insatisfacción generalizada de la justicia, ineficacia del parlamento, descrédito de la educación, desprestigio del sistema electoral, ..., ..., no se puede pensar que sólo traten de buscar un punto medio entre PSOE y PP, por muy cómodo que resulte vomitar sobre la “ambiciosa” Rosa Díez.

No, buscan un estilo de regeneración democrática. De ahí que estemos de acuerdo con Antonio Elorza (diario El País, 24-09-07) con la “etiqueta” de republicano que debiera asumir implícitamente UPyD. No por que proponga un inmediato cambio en la forma de gobierno, sino de regeneración de la democracia.

Existen otras razones para la referencia al republicanismo:

• La normalización en el empleo de la idea constitucional de España. Desde el republicanismo hay que considerar el error que ha supuesto el considerar el valor de la unidad como algo retardatario de la política española, desdeñando toda una tradición de defensa del estado y de la nación que lo sustenta; existen dos puntos históricos de referencia, la República federal, tal y como fuera definida en la segunda mitad del ochocientos y el “Estado Integral” de la Segunda República , que nada tienen que ver con bilateralidad y confederación. El hilo conductor de la tradición liberal y republicana española desde las Cortes de Cádiz ha sido la unidad de la nación bajo los principios revolucionarios de Libertad, igualdad y fraternidad.
• La recuperación de los usos democráticos mediante la adecuación entre política gubernamental y democracia y no se puede obviar que cualquier proyecto de reforzamiento democrático es republicanismo.

Como republicanos no debemos olvidar que la unidad de la nación en libertad es más importante que la República y la Monarquía juntas. La libertad y la justicia exigen una respuesta política.

Tal vez UPyD fracase como partido, pero hoy resulta éticamente imprescindible.

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“La cuestión nacional”. Apuntes para unas elecciones (IV).

Es una constante, cuando España se ha abierto a las ideas democráticas y de progreso, siempre han aflorado sentimientos generalizados de anticentralismo.

Mientras que desde el siglo XIX los europeos se preocupan de dar contenido ideológico a sus respectivos Estados, los españoles ante la ruina y descrédito del nuestro, teníamos la necesidad de cambiar lo. Desgraciadamente la obra de las Cortes de Cádiz que dieron carta de naturaleza al “Estado-nación”, no pudo superar el daño infligido por el mal gobierno de la monarquía –el Deseado y la Buchona- impidiendo la reconstrucción del mismo en base a la unidad de la nación española.

Con la Revolución de 1868, las tesis federales - un Estado estable, basado en el pacto o acuerdo entre las diversas comunidades- adquieren preponderancia , y el proceso constituyente desembocó en una Constitución Federal –Iª República-, el intento federal fracasó, pero el problema quedo sin resolver. La primera Restauración Borbónica no acometió la estructuración del poder territorial, y su larga crisis hizo que la llamada cuestión catalana pasara al primer plano junto a la cuestión social.

La conclusión natural de la crisis nacional fue la IIª Republica que en el diseño de su concepto de Estado tuvo que atender las demandas del nacionalismo catalán, manteniendo los ideales de unidad nacional propios de la tradición liberal y republicana. Como modelo de Estado republicano las Cortes Constituyentes rechazaron el federalismo y optaron por un Estado unitario “Estado Integral” en palabras de Jiménez de Asúa. La nueva Constitución, regulaba el derecho a la autonomía regional con toda precisión y las suficientes cautelas para preservar la preeminencia del propio Estado, fruto de ella fue el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y el del País Vasco dentro ya de la guerra civil.

Tras el paréntesis de los 40 años, la Segunda Restauración borbónica se encuentra con el viejo problema, que es abordado en forma apresurada e irreflexiva, optando los padres constitucionales por el “café para todos” presionados en exceso por la tesis nacionalistas, configurando el actual Estado de las Autonomías.

Opta la Constitución de 1978 por un modelo ambiguo y equivoco, permanentemente abierto a las variables expectativas de los nacionalistas y sus competidores, el resultado es un Estado de permanente debilidad , enfrascado en la discusión sobre su propio ser, en el que las Comunidades Autónomas olvidan que son órganos del mismo y destinan ingentes cantidades del presupuesto -de todos- en desarrollar e inventar originalidades para afirmarse frente al Estado, todo ello en perjuicio de la igualdad social –educación, sanidad, fiscalidad, ...,...-.

Tal parece que la "Transición" en los principios del siglo XXI dirige al Estado a una especie de monarquía confederal, como apuntan nacionalistas vascos y catalanes y España sera exclusivamente el conjunto de súbditos del Rey. En esta tesitura solo cabe ir a una revisión constitucional para rectificar, buscando la salida en la descentralización en favor de los municipios –administración más cercana a los ciudadanos- y en el reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles.



SyR

“La Constitución de 1978”. Apuntes para unas elecciones (III).

En noviembre de 1975, la muerte del General Franco desencadena la Segunda Restauración Borbónica, cuyo origen y justificación está en la exclusiva voluntad del Dictador,es proclamado Rey de España D. Juan Carlos de Borbón –el breve-.

Fiel a las decisiones adoptadas por el General, la nueva Monarquía inicia un modelo de democracia limitada, manejada por los grupos de poder tradicionales, que veían en la misma la garantía de sus privilegios (políticos, económicos y sociales), el Rey mantuvo al mismo jefe del gobierno de Franco –Arias Navarro-. A pesar de que existían las bases para intentar la puesta en marcha de un Estado democrático, no se tenía la intención de iniciar un periodo constituyente, todo lo contrario, se quería evitar y para ello nace el proyecto de la Reforma Política que sin poner en peligro las verdaderas relaciones de poder, aliviaría al régimen de toda su indumentaria inservible y caduca; se integra al socialismo, que ensancharía las bases del nuevo régimen; se acepta el sufragio universal y los partidos políticos –excepto a los republicanos-. Comienza a andar un nuevo régimen “La Transición”, que después de treinta años nos ha colocado en una crisis de identidad nacional y constitucional, reconocida por todos.

El 14 de junio de 1977, dentro del marco de la Reforma Política, se convocan lecciones al Congreso de los Diputados y al Senado –no a Cortes Constituyentes-, nadie protesto por no poder presentarse a las mismas los partidos republicanos. La UCDE, partido constituido para afianzar la Restauración, obtiene menos del 35% de los votos y es entonces cuando se decide que las nuevas Cortes elaborarán una Constitución.

Improvisar una Constitución no es aconsejable, sin esqueleto ideológico y carentes de un proyecto nacional, los padres de la misma, se limitaron a cimentar a toda costa a la Corona y a garantizar sus particulares posiciones políticas -Monarquía, partidos políticos y nacionalistas-, blindándose mediante unos mecanismos para la reforma constitucional que la hacen prácticamente inviable.

Se fabricó una Constitución que fue aprobada en diciembre de 1978, consumándose el reparto patrimonial del Estado, pero su falta de autenticidad democrática, el escaso interés por fortalecer la sociedad civil y la carencia de un proyecto de Estado hacen que la Transición se perpetúe en el tiempo, como un transito político improvisado y a salto de mata, dejándonos treinta años después con una crisis constitucional abierta, que ya nadie niega, y que se pretende arreglar mediante una reforma limitada, de muy difícil realización dadas sus propias salvaguardias, lo que permite augurar que estamos a las puertas de un nuevo proceso constituyente frente al que debemos expresar nuestras propias opiniones, las de la tradición liberal y progresista, las que mantienen su continuidad desde las Cortes de Cádiz inspiradas en los principios de libertad, igualdad, fraternidad.



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“El problema constitucional”. Apuntes para unas elecciones (II).

Si algo caracteriza los 30 años de Transición es el fortalecimiento social y político de las minorías nacionalistas catalanas y vascas en detrimento de los valores del Estado, como factor de unidad nacional e igualdad social, lo que ha originado una loca carrera del resto de las autonomías por desarrollar originalidades autóctonas como forma de autoafirmación, olvidando que jurídicamente son órganos del Estado. Esta situación absolutamente lesiva para los intereses generales ha sido contemplada con permisividad y en muchos casos complicidad por parte de los diferentes gobiernos centrales, originando un trasvase del poder real a las Comunidades Autónomas, que ejercen sin la necesaria visión del conjunto del Estado: educación, sanidad, obras públicas, sistema financiero, fiscalidad, etc. etc.

Este modelo ha consolidado una tupida red de intereses caciquiles apoyados en políticos profesionales refractarios a cualquier cambio en el mismo, ya que en ello les va su modo de vida al carecer de cualquier otro “oficio o beneficio”. Pero esta situación cómoda, las leyes electorales dejan poco espacio a las iniciativas ciudadanas, se ha visto zarandeada cuando una parte de los privilegiados del poder, los nacionalistas, consideran que ha llegado el momento de dar un paso más y encabezados por Cataluña surgen las reformas estatutarias, alentadas por el propio gobierno de la nación, lo que pone en entredicho el modelo constitucional de la Transición.

Como superar la crisis constitucional si los grandes partidos nacionales son tributarios de quienes la alimentan y los propiciadores del desgarramiento del Estado. Todo parece indicar que tras las próximas lecciones generales la degradación del Estado continuará en perjuicio de los ciudadanos.

Podemos esperar al definitivo hundimiento de la Monarquía de la Transición o apelar en estas elecciones a la Republica y su concepción del Estado Integral, para establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía, delimitando y cerrando su marco de competencia.




SyR

“Saldar la Transición”.Apuntes para unas elecciones (I).

“La libertad comienza en alguna parte”, esta frase de esperanza que acompañaba nuestra felicitación, reflejába el deseo de que las próximas elecciones generales signifiquen el fin de la Transición; el previsible y necesario retroceso electoral de todos los partidos beneficiarios de la misma, ha de suponer un punto de no retorno.

El orden constitucional de los últimos treinta años -la Transición-, ha cubierto con creces su ciclo histórico y tiene que concluir, ni siquiera sus favorecidos dejan de reconocer la necesaria revisión constitucional que sin duda figurará en los programas de todos ellos en las inminentes elecciones generales. La Constitución de 1978 está aquejada de tales males congénitos que imposibilitan su futuro y ponen en peligro principios básicos como la igualdad y la libertad de los españoles, que su revisión no puede limitarse a unos meros retoques en la fachada, sino que ha de servir, aprendiendo de las experiencias del pasado, para dotarnos de una estructura constitucional eficaz que restaure un proyecto que haga de España un país irreprochablemente democrático, restablezca el crédito del poder público y la dignidad del Estado y evite el desgarramiento de la nación.

En medio de las promesas huecas, hinchadas y vanas, y los discursos cansinos de las partidos dinásticos, pretendemos formular en las sucesivas semanas, propuestas para que en palabras de Azaña, como tan oportunamente nos recuerda D. Manuel Muela en su reciente y atinada obra “La Opción Republicana” (Centro de Investigación y Estudios Republicanos, Madrid – 2007) principal fuente de inspiración de estos trabajos:

“el arroyuelo murmurante de la gentes descontentas vaya engordando su caudal hasta convertirse en ancho río”.

SyR